FinCEN da el Primer Paso Hacia una Base de Datos Sobre los Beneficiarios Finales

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Por: Valentina Pasquali

El Departamento del Tesoro de EE.UU. está solicitando formalmente la opinión de las instituciones financieras y otras partes interesadas para informar sobre el desarrollo de un registro de beneficiarios finales por mandato del Congreso.

Los legisladores dieron a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) un año para establecer un marco para recopilar y mantener información personal sobre los verdaderos propietarios o controladores de las entidades legales estadounidenses el 1 de enero, cuando promulgaron la Ley Contra el Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering Act), un amplio paquete de reformas a la Ley de Secreto Bancario, en contra del veto del expresidente Donald Trump.

FinCEN presentó un aviso preliminar en el Registro Federal, el compendio oficial de reglamentos del gobierno de EE.UU., en el que se solicita la opinión del público sobre casi 50 cuestiones generales que la oficina está evaluando mientras comienza a redactar las normas que sustentarán el registro de conformidad con la Ley de Transparencia Corporativa, un subconjunto de la ley de reforma del antilavado de dinero (ALD).

Entre las cuestiones que se plantean están qué entidades, aparte de las sociedades de responsabilidad limitada, deben estar sujetas a los requisitos de divulgación, qué información debe recopilar exactamente FinCEN, y si la definición de beneficiario final que figura en la ley, es decir; una persona que ejerce un control sustancial o posee al menos el 25% de una empresa, requiere alguna otra calificación.

«¿Hasta qué punto la definición reglamentaria de FinCEN de beneficiario final en este contexto debe ser igual o similar a la definición de la norma actual de debida diligencia del cliente (DDC) o a las normas utilizadas para determinar quién es un beneficiario final?», preguntaron los funcionarios de la oficina en el aviso anticipado de norma propuesta de 27 páginas, o la notificación avanzada de propuesta de reglamentación (ANPRM, por sus siglas en inglés).

FinCEN finalizó su norma de DDC en mayo de 2016, exigiéndoles a las instituciones financieras que identifiquen y verifiquen las identidades de hasta cuatro propietarios y un gerente o persona de control de cualquier entidad legal para la que abrieron una cuenta a partir de dos años después, en mayo de 2018.

La Ley de antilavado de dinero dio a la FinCEN doce meses después de la creación de la base de datos nacional de beneficiarios finales, o como mínimo hasta principios de 2023, para desechar el grueso de esa norma y reescribirla según fuera necesario para reflejar la existencia de la base de datos.

En la notificación avanzada de propuesta de reglamentación, la oficina reconocía que las cuestiones relacionadas con la DDC no tienen que estar resueltas antes del 1 de enero de 2022, pero señalaba, no obstante, que ciertas decisiones inmediatas relativas a la base de datos de titularidad real pueden afectar también en última instancia a las obligaciones de las instituciones financieras.

En consecuencia, FinCEN solicitó sugerencias sobre si las entidades y sus examinadores deberían poder acceder a la información contenida en el nuevo registro para cumplir con sus obligaciones de DDC, y cómo deberían ser los mecanismos de privacidad y seguridad para proteger los datos y permitir que fluyan a las partes interesadas del gobierno y del sector privado que tienen derecho a ello.

La Ley de Transparencia Corporativa prevé, en términos generales, que la oficina comparta los datos de propiedad con las instituciones siempre que sus clientes con entidad jurídica den su consentimiento, pero no aclara cómo debe obtenerse o registrarse ese consentimiento.

FinCEN preguntó si el establecimiento de un mecanismo formal por el que las personas jurídicas puedan autorizar previamente a determinadas instituciones financieras a acceder a su información puede hacer que el proceso sea más eficiente, entre una media docena de preguntas relacionadas en común con la norma de DDC con la nueva base de datos de titularidad.

«Si un solicitante ha pedido y recibido previamente información sobre la titularidad real de una entidad jurídica concreta, ¿debería el solicitante recibir automáticamente una notificación de FinCEN de que el cliente de la entidad jurídica ha enviado posteriormente una actualización de la información sobre la titularidad final? ¿Debería una entidad solicitante tener que optar por recibir dicha notificación de información actualizada?»

Más adelante se presentará una propuesta de reglamentación independiente sobre posibles revisiones de la norma de DDC, señaló la oficina.

En la notificación avanzada de propuesta de reglamentación, la oficina hizo un esfuerzo honesto para dar cuenta de cómo el nuevo registro de beneficiarios reales puede afectar a las responsabilidades de las instituciones financieras en materia de antilavado de dinero, pero ella y las agencias bancarias federales tendrán que proporcionar aún más claridad en el resto del proceso de elaboración de normas, dijo Dan Stipano, un exfuncionario de alto nivel de la Oficina del Contralor de la Moneda.

Entre las cuestiones pendientes se encuentra cómo se espera que las instituciones concilien las diferencias en las definiciones de beneficiarios finales y entidades jurídicas que puedan aplicarse finalmente al registro con respecto a la norma de DDC y hasta qué punto podrán confiar en la información contenida en el registro, cuya exactitud no está obligada a verificar FinCEN, añadió Stipano.

«¿Qué hace una institución financiera si la información del Registro es diferente de la que ha recogido del cliente? ¿Tiene la institución la obligación de ponerse en contacto con el cliente? ¿Corregir el Registro si es erróneo? ¿Presentar un ROS? ¿Cerrar la cuenta?». Stipano, ahora socio de Davis Polk & Wardwell en Washington, D.C., escribió en un correo electrónico.

«Por eso es de vital importancia que las instituciones financieras opinen y se mantengan involucradas en el proceso».

En el aviso, FinCEN también solicitó información sobre la carga probable que la recopilación, el mantenimiento y la difusión de los datos sobre la propiedad efectiva pueden imponer a las pequeñas empresas, las autoridades estatales, locales y tribales, y las instituciones financieras, y qué medidas puede tomar la oficina para minimizarla.

La publicación oficial de la notificación avanzada de propuesta de reglamentación en el Registro Federal está prevista para el 5 de abril, y las personas u organizaciones deben presentar sus comentarios en los treinta días siguientes.

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