La Incautación Histórica de Mil Millones de Bitcoins Proporciona Modelo Para Recuperar Activos de los Ciberdelincuentes

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Por: Valentina Pasquali

Una oferta de los fiscales federales para recuperar un récord de mil millones en bitcoins de un pirata informático acusado y una serie de incautaciones exitosas durante el año pasado proporcionan un plan para desplegar poderes de incautación civil contra los ciberdelincuentes, dijeron fuentes a ACAMS moneylaundering.com.

El 5 de noviembre, los fiscales del Distrito Norte de California presentaron una denuncia para confiscar más de 69.000 bitcoins que se habían incautado dos días antes, de un individuo anónimo que supuestamente los robó de Silk Road hace más de siete años, un extinto mercado de la red oscura.

La medida se produjo un día después de que el Departamento de Justicia anunció que había incautado a instancias de las autoridades de Brasil unos 24 millones de dólares en fichas digitales, vinculados a un presunto fraude de inversión que se agotó en la nación latinoamericana.

El caso también sigue a múltiples confiscaciones por parte de las autoridades estadounidenses en el último año de criptomonedas valoradas en más de 100 millones de dólares de evasores de sanciones, grupos terroristas, pedófilos, y otros delincuentes.

El aumento en el uso de los poderes de incautación civil en el ámbito de las criptomonedas «ojalá» indica un «cambio de tendencia» en la forma en que las agencias de aplicación de la ley de EE.UU. persiguen a los delitos cibernéticos y tradicionales por igual, según Amanda Wick, exfuncionaria de alto rango de los Departamentos de Justicia y Tesoro, explicó a ACAMS moneylaundering.com.

«Históricamente, el gobierno ha puesto mucho más énfasis en obtener condenas que en recuperar el producto del delito y eso debe cambiar», dijo Wick, quien ahora dirige la oficina de asuntos legales de Chainalysis en Washington D.C. «Lo que muestra esta incautación de mil millones de dólares es que, si se ponen los recursos, el personal, la capacitación, hay una tasa de retorno enorme».

Chainalysis es una de varias firmas que rastrea transacciones de criptomonedas en nombre de sus clientes de instituciones financieras y gubernamentales, y se ha asociado con investigadores y fiscales federales en Silk Road y otros casos.

En algún momento antes de abril de 2013, 70.411.46 bitcoins, con un valor aproximado de 354.000 mil dólares en ese momento, fueron canalizados fuera de direcciones controladas por el primer mercado de la red oscura de su tipo a través de 54 transferencias separadas, según señalaron los fiscales federales en San Francisco en la incautación civil de diez páginas.

«Estas 54 transacciones no se anotaron en la base de datos de Silk Road como un retiro de un proveedor o un retiro de un empleado de Silk Road y, por lo tanto, parecen representar bitcoins que fueron robados de Silk Road», escribieron los fiscales.

69.471.082201 de esos bitcoins, que para entonces habían aumentado a 14 millones de dólares en valor, fluyeron a otra dirección el 9 de abril de 2013. Allí se quedaron sin tocar, con la excepción de 101 fichas que se enviaron al difunto intercambio ilegal de criptomonedas BTC-e en abril de 2015—hasta que los fiscales se los confiscaron al presunto pirata informático, identificado solamente como «Individuo X».

El caso subraya cómo los fiscales pueden obtener una gran recompensa aplicando técnicas de investigación probadas y comprobadas, como identificar puntos de estrangulamiento clave en la pista financiera de un criminal, al nuevo mundo de las fichas digitales, dijo Jeff Ross, exfiscal federal y funcionario del Departamento del Tesoro.

El caso subraya cómo los fiscales pueden obtener una gran recompensa aplicando técnicas de investigación probadas y comprobadas, como identificar puntos de estrangulamiento clave en la pista financiera de un criminal, al nuevo mundo de las fichas digitales, dijo Jeff Ross, exfiscal federal y funcionario del Departamento del Tesoro.

«Demuestra que el gobierno se está poniendo al día, tiene gente que entiende estas cosas», dijo Ross. «Ya no les temen a las criptomonedas».

La incautación del 4 de noviembre por parte del Departamento de Justicia de criptomonedas con sede en EE.UU. de conformidad con un tratado con Brasil se originó en la acusación en su país de origen de un ciudadano brasileño, Marcos Antonio Fagundes, y varios presuntos cómplices acusados de engañar a decenas de miles de víctimas de agosto de 2017 a mayo de 2019 para entregar más de 200 mil millones de dólares para supuestas inversiones en criptomonedas.

El atractivo de la incautación civil es que permite a los fiscales recuperar criptomonedas y otros activos que pueden probar que son producto de un delito, incluso cuando no pueden identificar más allá de una duda razonable a los perpetradores individuales, porque se han fugado, han fallecido o viven en el extranjero, como en el caso brasileño, dijo Stef Cassella, exfuncionario de la unidad de incautación de activos y lavado de dinero del Departamento de Justicia.

Como resultado, los países de todo el mundo que no tienen leyes de incautación civil en los libros buscan cada vez más adoptarlas, según Cassella, quien ha estado ayudando a las autoridades en Malta, Letonia, Brasil y otras naciones en su evaluación, desarrollo o implementación de estatutos.

Como resultado, los países de todo el mundo que no tienen leyes de incautación civil en los libros buscan cada vez más adoptarlas, según Cassella, quien ha estado ayudando a las autoridades en Malta, Letonia, Brasil y otras naciones en su evaluación, desarrollo o implementación de estatutos.

«Sí, se verá más incautaciones de criptomonedas porque hay más criptomonedas involucradas en la economía, pero el proceso legal es el mismo», dijo Cassella, ahora abogada de la Ley de Confiscación de Activos en Maryland. «Si lee las quejas de incautación civil que involucran a bitcoins, se leen como cualquier otra queja de incautación civil».

En EE.UU., la unidad de financiamiento de amenazas de la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, ha sido pionera en el uso de poderes de incautación civil para reclamar cientos de millones de dólares en criptomonedas y otros activos inusuales, como dominios web, embarcaciones y antigüedades de pedófilos, grupos terroristas y entidades vinculadas a Corea del Norte e Irán.

Ese equipo, así como los «bolsillos» de fiscales «estrella» en California y en Nueva York, han realizado un trabajo «de vanguardia» en esta área, dijo Wick, quien fue asesor de políticas senior en la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro hasta septiembre. Sin embargo, el creciente papel que juegan las criptomonedas en todo tipo de delitos financieros, desde el fraude hasta el financiamiento del terrorismo, requiere que las autoridades federales en otras partes del país también intensifiquen su juego.

«Mi esperanza es que comencemos a ver esto en todo el país», dijo Wick.

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