El Fraude Interno Califica Como Lavado de Dinero

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El código de ética es un elemento cardinal dentro de un programa de cumplimiento, siendo el canal de denuncias una parte integral del mismo. Este constituye de un mecanismo para que los trabajadores puedan alertar sobre acciones ejecutadas por terceros que, bajo su criterio, atentan contra la integridad de la entidad donde laboran o contra sí mismos. De ahí, que toda investigación dirija su atención a la detección de un fraude. El fraude incluye la corrupción, el conflicto de intereses, la apropiación de activos, el incumplimiento de la normativa, o en dado caso un mal clima laboral.

Sin embargo, muchas veces estos incumplimientos pueden esconder comportamientos que revelan complicidad con el lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, si una entidad financiera considera aceptar a clientes dedicados al cambio de divisas como alto riesgo porque no dispone de una metodología adecuada para analizar sus operaciones, pero no puede implementar un control automático para impedir su admisión; como una política, puede establecer una barrera de entrada y negarles sus servicios. Puede darse el caso que como todo depende de una acción discrecional del trabajador, se incumpla lo dispuesto de forma deliberada, dejándolos operar bajo un manto de protección encubierto. Es decir, como medida reactiva, seguramente se ordenará el cierre de las cuentas bancarias, así como la amonestación del infractor y dando el caso por cerrado. No obstante, medidas preventivas como las de identificar zonas geográficas donde se ejercen tales infracciones, o la creación de tipologías de infractores como su edad, años de servicio, cargos; no se ven implementadas.

Formas de Vulnerar Normativas

Por definición, toda mala intención en vulnerar una norma legal o auto impuesta por la organización, así como cometer un acto grave de negligencia, constituye un riesgo de cumplimiento. Conforme al incumplimiento señalado anteriormente, pero bajo las características de una alerta para prevenir el lavado de activos, el proceso de admisión de clientes sin un control automático no es fácil de detectar. En su conjunto, un producto bancario y un canal utilizado por la mayoría de los clientes no es fácil de detectar sin un delator que lo comunique. Bajo estas circunstancias, un oficial de cumplimiento no puede cumplir a cabalidad su cargo designado, es decir, ayudar a la empresa para que cumpla con «su palabra» o integridad.

En el Perú, las casas de cambio pueden operar incluso en las calles, con la condición de que estén registradas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y cumplan con los requisitos de identificación de los dueños y trabajadores. Solo se necesita cumplir con unos pocos estándares operativos o de información de sus operaciones. Ante esta falta de regulación, los grupos delictivos que movilizan fondos ilícitos se aglutinan en ciertas zonas de la ciudad, operando en determinados horarios y haciendo uso de cuentas bancarias con características específicas.

Un Canal de Denuncias

Un canal de denuncias constituye una alternativa para prevenir el lavado de dinero, no requiriendo un diseño complejo para implementarlo; no se requiere que se identifique al delator (puede ser anónimo) y no se necesita proporcionar evidencias (documentos, grabaciones de voz, testimonios de terceros). Esto renuncia la necesidad de explicar obligatoriamente ¿qué ocurrió, cómo, cuándo, con quién y dónde? Pero si desea aportar mayores datos de manera voluntaria como por ejemplo: ¿Cómo afecta su trabajo en lo personal? Los nombres de los responsables de la supervisión que actúan en complicidad, la documentación que permite corroborar lo narrado, entre otros, será bienvenido porque permitirá ejecutar la investigación de manera más rápida y completa. Un elemento importante en una investigación es la oportunidad y la aplicación de sanciones correspondientes. Esto asegura al delator que la denuncia tuvo utilidad.

Sin embargo, una vez confirmado el incumplimiento relacionado con el antilavado de dinero, ¿cómo se puede enterar el resto de los trabajadores? Por ejemplo, en qué zonas geográficas están ocurriendo estos hechos, o la magnitud de los fondos que habitualmente se movilizan bajo estas modalidades de encubrimiento. También, ¿es confidencial, se pretende capacitar en ALD al resto de trabajadores, sin mostrar casos reales?

Incluso, esto podría ser utilizado como medida disuasiva para que el resto de los trabajadores no actúen de igual forma. Por aspectos regulatorios, las organizaciones separan al equipo que gestiona ALD, incluida la comunicación de operaciones inusuales del que gestiona la integridad incluyendo al canal de denuncias. Es preciso señalar que este último equipo, en algunas jurisdicciones como en Perú, gestiona la implementación obligatoria de dicho canal, cuando la empresa—de cualquier actividad económica—decide implementar voluntariamente un «modelo anti corrupción», que evite que sus empleados ejecuten malas prácticas comerciales, y no comprometa la integridad de la organización. Igualmente, existen normas legales que como parte de la implementación de un buen gobernamiento corporativo (lineamientos generales para el accionar de los órganos de gobierno de la empresa), obliga la instalación de un canal de denuncias. Por lo mencionado, debería existir sinergias entre ambos grupos ya que es justamente el uso de datos lo que se requiere para actuar de manera preventiva. Para efectos en el cumplimiento de aspectos regulatorios (p. ej., las normas anticorrupción), basta con demostrar la existencia de un procedimiento de recepción de denuncias y luego aplicar sanciones. Pero se debe ir más allá, es decir, se debe aplicar un programa de compliance ad-extra (programa que evita ejecutar acciones, que perjudican a terceros y/o acreedores), demostrando que se quiere evitar la «delincuencia de la empresa» o al beneficiario del delito.

Aunque se trata de un tema de integridad con el banco, el fraude interno también califica como lavado de dinero, por la naturaleza de su origen

En una investigación conducida dentro de una institución financiera, sé detectó que un conocido delincuente peruano, luego de haber estado encarcelado por delito de secuestro salió libre y obtuvo una tarjeta de crédito adicional, facilitada por una persona con quien no tenía ningún vínculo familiar. La alerta surgió tras comparar la información del delincuente que dió a conocer la prensa con la base de datos de clientes de la institución.

Toda persona tiene derecho a reincorporarse a la sociedad existiendo un procedimiento judicial mediante el cual los antecedentes penales permanecen públicos, solo por un tiempo determinado. Sin embargo, una empresa puede tener una base de datos que no elimina esa información de sus archivos y le sirve para analizar el perfil socio-económico de un cliente, o con quienes este se vincula.

Con la tecnología actual, incluyendo las redes sociales, resulta casi imposible que una persona autora de un delito no quede registrada de por vida. Entonces, cabe preguntarse si a pesar de existir un canal de denuncias donde cualquier trabajador puede revelar que se ha admitido como cliente a una persona con antecedentes negativos, ¿por qué no lo comunica? ¿Se trata de «ceguera intencional» o negligencia? ¿Quién debería haber capacitado al personal acerca de esta tipología de alerta, el equipo de integridad o el de ALD?

Otro caso fue el de una auditoria a distancia donde se detectó que un directivo de una cooperativa de transportes había engañado a cada uno de sus socios induciéndolos a firmar pagarés por préstamos personales. Una vez depositados en sus cuentas bancarias, eran transferidos a la del directivo de forma inmediata y posteriormente dando origen a una cuenta a plazo fijo a su nombre. Este último había servido como garantía para que solicite un préstamo a favor de la cooperativa, poniendo como garantía el dinero del banco—un carrusel perfecto.

La investigación se inició porque dicha garantía dejo sin respaldo al crédito. Durante la investigación, se descubrió que algunos de los estafados se habían acercado a varias agencias para solicitar préstamos, revelando así que ya tenían préstamos vigentes. Los trabajadores del banco que tuvieron conocimiento de esto nunca lo reportaron en el canal de denuncias. Aunque se trata de un tema de integridad con el banco, el fraude interno, también califica como lavado de dinero, por la naturaleza de su origen.

Conclusión

Con una explotación adecuada de los datos obtenidos en un canal de denuncias, hasta los temas de conflictos de interés no declarados por los trabajadores, o aquellos relacionados a un mal clima laboral, deberían ser medibles desde el punto de vista de lavado de activos. Un empleado que apertura cuentas a sus propios familiares sin recoger información básica como su nivel de ingresos, a una persona expuesta políticamente, o aquel que cobra sobornos por acelerar procesos; podrían estar originando el ingreso de fondos ilícitos, incluso de la corrupción. Si se trata de una denuncia sobre un mal clima laboral, podría implicar que los controles discrecionales (no automáticos) para conocer el origen de fondos depositados, no se están ejecutando, porque dependen de la buena voluntad de los empleados que se sientan afectados por el abuso. Se estaría dejando pasar una gran oportunidad de generar alertas de lavado de activos si no se utiliza como fuente de información, a toda aquella alerta proveniente de un canal de denuncias. Basta recordar que se considera como un nivel óptimo, que las alertas provenientes de los propios trabajadores, constituyan un cinco u ocho porciento del total reportado a los organismos supervisores, los reportes de operaciones sospechosas.

Juan Botetano Villafuerte, CAMS, contador público y auditor tributario, especialista en ALD y cumplimiento, Lima, Perú, guachpac@hotmail.com

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